La inacción frente a las amenazas radicales

El aniversario del 1-O ha vuelto a convertir a Cataluña en un campo de batalla. Hace justo una semana los radicales protagonizaron numerosos incidentes que acabaron con el asedio al Parlamento catalán. Todos pudimos ser testigos de las imágenes lamentables de los políticos escoltados y los Mossos y la Policía Nacional intentando hacer frente a los independentistas. También hemos sido testigos de los movimientos políticos: por un lado el presidente de la Generalitat animando a los CDR a seguir “apretando” y por otro la inacción de Pedro Sánchez. Desde el Partido Popular habíamos avisado a Sánchez de que su política de apaciguamiento no funcionaría con los radicales. No se puede ofrecer diálogo a los que actúan permanentemente al margen de la Ley con el único objetivo de romper España. No nos sorprende la actitud pasiva de Sánchez, porque está atrapado en su hipoteca con los independentistas, la misma que firmó para poder ocupar el sillón en la Moncloa. Desde el Partido Popular en el Senado ofrecemos nuestra mayoría para aplicar de forma inmediata el artículo 155 de la Constitución, con la duración que sea necesaria, para restablecer el orden en Cataluña. España necesita un Gobierno estable que no esté sometido a chantajes. Ante el delirio de los radicales el Partido Popular exige al Gobierno que aplique la Ley de partidos para ilegalizar a cualquier partido independentista que aliente la violencia y no condene los actos violentos. Proponemos que se reforme la Ley de Financiación de Partidos para que se impida que aquellos que promueven o justifican la violencia puedan financiarse con fondos públicos. Si Pedro Sánchez no puede o no quiere asumir sus responsabilidades debe convocar elecciones generales ya y permitir que sean los ciudadanos con su voto los que decidan quién debe marcar el rumbo de nuestro país. El PP ya demostró hace un año, con el Gobierno de Rajoy, que es capaz de hacer cumplir la Ley, exigir que se respete la Constitución y garantizar la unidad de España. A todos los constitucionalistas, a los que amamos España y Cataluña nos duele presenciar esta situación. Están dañando la economía de todos los catalanes y deteriorando su convivencia y exigimos al Gobierno que actúe de forma inmediata para poner freno a esta deriva irracional.