Diferencias

Una cosa es una institución y otra, un partido político. Del mismo modo que una cosa es la representación institucional y otra, la partidista; e incluso es diferente una declaración institucional de una estrictamente política. Parece obvio decirlo, pero en ocasiones lo más evidente es lo que menos claro se presenta. Son (imagino que quedaría claro) ámbitos distintos y, dadas las divergencias, el comportamiento de sus representantes, su mensaje y hasta su actitud, debe ser concordante con esa diferencia. Sin embargo hay representantes públicos que, según le convenga, en vez de marcar distancias, directamente confunden un ámbito con el otro; las churras con las merinas para entendernos. El mensaje político e el institucional, aunque en ocasiones resulte coincidente, no pueden identificarse sistemáticamente como único, y parece hasta chocante que acabe por ser idéntico. No voy a negar la existencia de casualidades pero hay ocasiones en las que esta eventualidad parece improbable. Una institución, independientemente del color político que la rija en un momento concreto, debe mantenerse equidistante en sus formulaciones porque, no lo olvidemos, representa (esa es su obligación) a una colectividad en la que conviven (tengámoslo también muy presente) diferentes sensibilidades políticas. Se presupone que las instituciones tienen que estar por encima de las siglas. Y tienen que estarlo precisamente por eses status superior que les otorga el hecho de que representan a la ciudadanía en su conjunto y que su deber se centra precisamente en la defensa del interés común. Difundir como publicidad institucional un posicionamiento partidista es, cuando menos, reprochable. Es más: lo que sin duda resulta legítimo defender desde un determinado pensamiento político, se convierte en censurable cuando artificialmente intenta revestirse de oficialidad institucional. Es un error, una imprudencia, difundir como publicidad institucional lo que claramente es propaganda partidista. Un error grave, criticable y censurable además, si el coste económico derivado de su difusión corre a cuenta de los fondos públicos que gestiona esta institución.